La Federación de Maestros de Puerto Rico radicó en el día de ayer un caso ante el Tribunal Apelativo exigiendo la revocación de la decisión, a todas luces ilegal y discriminatoria, tomada por el Secretario del Trabajo de despojar a la FMPR de su certificación como organización bonafide.
 
La revisión administrativa solicitada por la Federación de Maestros al Tribunal Apelativo constituye una denuncia del proceso discriminatorio y evidentemente  fascista, utilizado por el Secretario del Trabajo, Miguel Romero en clara conspiración con el Secretario de Educación, para cesar el descuento de cuotas a los miembros de la Federación de Maestros e intentar estrangular económicamente al sindicato. Para lograr ese nefasto propósito el Secretario Miguel Romero torció la Ley y se comportó como un vulgar delincuente.
 
Primero nos dijo que en los archivos del Departamento del Trabajo no existía una organización llamada Federación de Maestros de Puerto Rico, que la que existía era la FMPR-AFT y que por tanto, debíamos solicitar una enmienda al nombre de la Organización.
 
 Aunque no estábamos de acuerdo con su posición pues la Federación de Maestros está reconocida como bonafide por el Departamento del Trabajo desde 1966, solicitamos enmendar el nombre para que no hubiese dudas, pero en vez de atender la solicitud inmediatamente como corresponde reglamentariamente, el Secretario se tardó un año en contestar la misma...
 
Ahora, en diciembre, cuando la FMPR lleva un año sin recibir el descuento de cuotas de sus miembros, nos dice que la enmienda no procede y que la FMPR no puede ser certificada como organización bonafide porque realizamos un paro el 26 de agosto del 2011.
 
Palos si bogas y palos si no bogas. Es evidente que la intención represiva del Secretario Romero, el Secretario de Educación y el gobierno fascista de Luis Fortuño, es ilegalizar, criminalizar, a la Federación de Maestros para que no podamos seguir defendiendo al magisterio y tener el camino expedito para privatizar el sistema educativo a través de la implantación de las escuelas chárter. En la Ley 134 que autoriza la certificación de las organizaciones bonafide no existe causal alguna para descertificar a una organización sindical o no otorgarle la certificación y descuento de cuotas a sus miembros a una organización que así lo solicite. Esta es la primera vez que se toma una medida excluyente, discriminatoria y abusiva, de esta naturaleza contra una organización bonafide en este país, más aún contra un sindicato que existe como bonafide desde 1966.
 
Esperamos que el Tribunal Apelativo aquilate nuestros planteamientos y revoque de manera contundente la aberración administrativa, dirigida a destruir a la FMPR, tomada por el Secretario Miguel Romero. Lo que está en juego es el derecho constitucional de asociación de más de 10,000 maestros y demás personal docente, que libremente interesan pagar cuotas a la Federación de Maestros. Por consiguiente, la decisión administrativa del Secretario Romero pisotea el derecho constitucional de miles de maestros a organizarse para defender sus intereses y propiciar la defensa de la educación pública.
 
Como parte de las actividades que estaremos realizando para ejercer presión pública, este viernes 27 de enero, a las 4:00 pm., realizaremos un PIQUETE COMBATIVO frente al Departamento de Educación, en Hato Rey. Invitamos al magisterio a que se movilice y participe en esta actividad de militancia para llevarle un mensaje contundente al gobierno-patrono de que estamos en pie de lucha, en defensa de nuestros derechos y la educación pública.
 
¡NO HAY TRIUNFO SIN LUCHA; NI LUCHA SIN SACRIFICIO!
 
 
Rafael Feliciano Hernández
Presidente